El caso BPA, el escándalo bancario y financiero más importante que se ha producido enel Principado de Andorra, el cual involucra a dos fiscales panameños en un fraude a
razón de una supuesta persecución sin fundamentos hacia un residente extranjero en
Panamá que hasta la fecha no se le han presentado cargos pero si una oleada de
afectaciones en su proceso.
El 10 de marzo del 2015 la Banca Privada de Andorra se vio sacudida por
señalamientos internacionales de ser un recinto financiero de actividades ilícitas, el
cual dio el congelamiento de más de 30 mil cuentas de su entidad bancaria.
De esta forma los propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA) ahora acusan de
prevaricación a las que fueran máximas autoridades del Principado de Andorra
durante la intervención de la entidad financiera por blanqueo de capitales en 2015.
Consideran que los acusados realizaron presuntas arbitrariedades y omisiones
intencionadas en decisiones desde antes de publicarse la nota del 10 de marzo de
2015 del Financial Crimes Enforcement Network estadounidense (FinCEN) sobre
supuesto mal funcionamiento de la entidad.
La presión por dar resultados a dicho escándalo dio resultado que el Gobierno del
Principado de Andorra abriera investigaciones a los cuenta habientes de dicha entidad alrededor del mundo.
A mediados del 2019 la Fiscalía Segunda contra el crimen organizado de Panamá
recibe una comunicación espontanea (Información no Comprobada) con la posibilidad
de iniciar una investigación a un extranjero residente de Panamá por presunto delito
de lavado de activos, el cual desde el 2015 se estuvo haciendo frente a su proceso en el Principado Andorrano y no se la han imputado cargos hasta la fecha.
La fiscalía inicia la investigación que se le delega a los fiscales Isis Soto y Marcos Mosquera.
El equipo legal del empresario relata todas las afectaciones que ha sufrido el mismo
durante su proceso, violentando completamente todas sus garantías y derechos
mediante su investigación, la cual no ha arrojado resultados en Panamá al igual que en
Principado de Andorra.
Salvador Padilla, representante legal del empresario señalo, Panamá esta actuando a
través de un efecto espejo, esta copiando ilegalidades cometidas por Andorra, esta
controversia a la presunción de inocencia, el principio de legalidad y debido proceso
que consagra la Constitución Panameña, la Constitución Andorrana y la Convención
Americana de Derechos Humanos, lo que constituye una afrenta contra del Estado de
Derechos y una preocupación trascendental para el pueblo panameño respecto de la
poca impartición de justicia de sus autoridades, están actuando como en la conquista,
pero ahora replicando o malo que generación las instituciones europeas, pero allá los
esperemos en donde se hace justicia, tarde o temprano.
El abogado Javier Quintero comentó que luego que el Estado panameño recibe al
empresario, le otorga Visa de residente permanente y éste traslada su patrimonio a
Panamá y adquiere bienes de gran valor, todo ello en forma legal y correcta, el
Ministerio Público le cautela todos sus bienes y en una suerte de «trampa judicial» se
articula con la dirección de Migración para impedirle la entrada a Panamá luego de
que el empresario viajara a su país a recabar elementos para desmentir a los fiscales
panameños. Todo esto como consecuencia del montaje Andorrano.
El inversionista afectado ha declarado:
Con evidencia falsificada la fiscalía de Panamá en coordinación con el Gobierno de
Andorra, me despojaron de mi patrimonio, mis bienes, mi residencia permanente en
Panamá, me inadmitieron del país arbitrariamente hasta el punto que me han girado
una orden de aprensión infundada, la cual es una clara violación flagrante de todos los
reglamentos de derechos humanos internacionales.
Los corruptos fiscales Isis Soto y Marcos Mosquera de la Guardia sin ninguna
consideración de la ley, debido proceso y derechos humanos han dilatado este
proceso, ya ha trece meses de congelar mis bienes, sabiendo que yo no he cometido
ningún delito en Panamá, todo este show fue por la falsificación de pruebas
brindada por el Gobierno corrupto de Andorra que hoy se está conociendo la verdad y
pagando las consecuencias.
En los últimos meses Panamá se han expuesto los tratos dudosos y arbitrarios por
parte del Sistema de Justicia del país, el mismo que lucha por mantener su credibilidad
antes la oleada de denuncias y querellas antes sus fiscales y jueces por no llevar
correctamente el debido proceso e incluso hasta de corromperse por intereses
particulares, ante el llamado de una ciudadanía que exige seguridad jurídica e
igualdad de condiciones en este importante órgano del estado
