Caso de empresario mexicano sigue dilatado por parte de la justicia panameña

  • Tras fallida audiencia, la defensa del empresario mexicano se ampara ante la magistrada Tulipa Morelos, por dilatar el proceso aceptando testimonios falsos.

 

Por enésima ocasión, Panamá niega solicitud de imputación por parte de la defensa del empresario mexicano, víctima de abuso a sus derechos humanos, discriminación y atropellos por parte de la Fiscalía panameña, durante la resolución del pasado miércoles, a cargo de la juez Tulipa Morelos, quien fue manipulada por el fiscal Marcos Mosquera de la Guardia, que solamente presentó pruebas falsas y argumentos sin fundamentos, con la finalidad de obstaculizar nuevamente la justicia.

La defensa del empresario mexicano determinó colocar un amparo ante la jueza Tulipa Morelos, por dilatar el proceso aceptando testimonios falsos.

“Esto no es un proceso legal es un acto de fraude y corrupción el fiscal Marcos Mosquera de la Guardia nuevamente se paro frente del juzgado repitio mentiras desprecibles asi como evidencias falsificadas una tras otra sin ningun fundamento, bases o pruebas. Eso fue un acto de difamacion y cobardia.” declaró el empresario afectado.

Para la defensa, también se trata de una acción de discriminación contra el empresario mexicano, ya que por su nacionalidad y por ser un inversionista exitoso se han cometido prejucios contra él por parte de la justicia panameña en dicho proceso, ya que prima los racismos por encima de la ley. “Por tratarse de un mexicano, se asocia el caso a narcotràfico o una negativa  solo por el hecho de su nacionalidad”. Sustenta la defensa.

Hay que destacar que el pasado 27 de julio, fue diferida la audiencia virtual, la cual fue saboteada por los mismos fiscales, Marcos Mosquera e Isis Soto, responsables de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, con el absurdo argumento de que se les cayó el sistema y nunca recibieron la señal vía Zoom, por lo que tampoco se pudo forzar la imputación conforme a derecho para que la Fiscalía declarara el no ejercicio de acción penal, en aras de reintegrar a la esfera jurídica del empresario sus derechos patrimoniales.

“Se trata de un fraude de bajo nivel perpetrado por los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, que en todo momento han actuado con un sello de criminalidad al falsificar delitos”, aseguran el representante legal Salvador Padilla.

Incluso los mismos abogados del empresario mexicano han señalado que jamás una persona culpable va a pedir que sea imputada, y en este caso reiteradamente se ha solicitado la imputación, porque se sabe que el expediente que mantiene abierto la Procuraduría panameña es un fraude, sin embargo, el fiscal a cargo se ha negado rotundamente a formalizar la acusación.

También se confirmo que el dinero encuatizado en cuentas de Scotiabank Panama pertenecientes al empresario por un monto de mas de $7.2 millones de dolares fue removido ilegalmente a una cuenta protegida por el MEF en el Banco de Panamá cuenta 100051811729 la cual fue autorizada por Kenia Procell en donde ellos están recibiendo los intereses mensuales de 5%  alrededor de $35 mil usd.

Con la dilación del caso, que ya ha hecho resonancia a nivel internacional, lo que intentan los funcionarios en cuestión es que, sin mayor sustento legal ni fundamentación o motivación, se continúe con la medida cautelar, que mantiene retenidos ilegítimamente más de 18 millones de dólares en cuentas bancarias y en bienes patrimoniales, únicamente basados en investigaciones realizadas en otras jurisdicciones, sin mayor prueba o indicio y, sobre todo, sin sentencia alguna que permita pensar la existencia de un delito.

En ninguna de las audiencias abortadas, las autoridades panameñas han estado a la altura de la situación, por lo que el cuerpo legal del empresario incriminado, inició simultáneamente dos procesos, tanto a nivel internacional de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como en México a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para buscar sancionar a los responsables.

Incluso el mismo Procurador General Eduardo Ulloa admitió al inicio de su gestión durante  que existen irregularidades e inconsistencias en las acciones de los fiscales y declaro que tomaría cartas en el asunto.

“Exijo al Procurador General Eduardo Ulloa su intervención en este caso de corrupción y fraude  por parte de la fiscalia” declaro nuevamente el empresario.